Alcances y obligaciones fiscales, penales y disciplinarias de los funcionarios y contratistas

 

a)    ¿Qué es el control disciplinario, fiscal y penal?

El control disciplinario, fiscal y penal son tres mecanismos de control que se ejercen sobre la administración pública en Colombia. Estos mecanismos tienen como objetivo garantizar el cumplimiento de la ley, la eficiencia en la gestión pública y la protección de los derechos de los ciudadanos.

Control disciplinario

El control disciplinario es el mecanismo que se ejerce sobre el comportamiento de los servidores públicos. Su objetivo es garantizar que los servidores públicos cumplan con sus deberes y obligaciones, y que se comporten de manera ética y responsable.

El control disciplinario es ejercido por la Procuraduría General de la Nación, las ramas del poder público y las entidades públicas.

Control fiscal

El control fiscal es el mecanismo que se ejerce sobre la gestión fiscal de la administración pública. Su objetivo es garantizar la correcta utilización de los recursos públicos.

El control fiscal es ejercido por la Contraloría General de la República, las contralorías departamentales y municipales, y las entidades públicas.

Control penal

El control penal es el mecanismo que se ejerce sobre los delitos cometidos por los servidores públicos. Su objetivo es sancionar a los servidores públicos que incurren en delitos.

El control penal es ejercido por la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la Jurisdicción Penal Militar.

Resumen de las características de cada uno de estos mecanismos de control

Mecanismos de control	Objetivos	Entidad que lo ejerce
Control disciplinario	Garantizar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los servidores públicos	Procuraduría General de la Nación, ramas del poder público, entidades públicas.
Control fiscal	Garantizar la correcta utilización de los recursos públicos.	Contraloría General de la República, Contralorías departamentales y municipales, entidades públicas.
Control penal	Sancionar los delitos cometidos por los servidores públicos	Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional, Jurisdicción Penal Militar.

Estos mecanismos de control son esenciales para garantizar la transparencia y eficiencia en la administración pública.

b)    Indique 3 actuaciones irregulares de los servidores públicos y/o particulares en la administración o ejecución de los recursos públicos.

Las actuaciones irregulares de los servidores públicos y/o particulares en la administración o ejecución de los recursos públicos son aquellas que van en contra de la ley, la ética o la transparencia. Estas actuaciones pueden causar un daño al patrimonio público o al interés general.

A continuación, se indican 3 actuaciones irregulares de los servidores públicos y/o particulares en la administración o ejecución de los recursos públicos:

1. Peculado: Es el delito que comete el servidor público que se apropia, utiliza o destina indebidamente bienes o recursos públicos.

2. Fraude a la administración pública: Es el delito que comete el servidor público que, con dolo, engaña a la administración pública para obtener un beneficio indebido.

3. Tráfico de influencias: Es el delito que comete el servidor público que usa su cargo para favorecer a un particular a cambio de una contraprestación.

Además de estas actuaciones, también se consideran irregulares las siguientes:

·         Nepotismo: Es la práctica de favorecer a los familiares o amigos en el acceso a un empleo público.

·         Corrupción: Es el uso de la autoridad o del poder para obtener un beneficio indebido.

·         Deficiente gestión: Es la falta de planeación, ejecución o control de los recursos públicos.

Estas actuaciones irregulares pueden tener consecuencias graves, como la pérdida de recursos públicos, el detrimento del interés general y la pérdida de confianza en la administración pública.